**El Servicio Postal de EE. UU. busca regular las boletas por correo antes de la decisión del Tribunal Supremo**

La reciente publicación del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) en el Registro Federal ha generado una gran controversia y preocupación en torno a la regulación de las boletas de voto por correo, un tema que se ha vuelto crucial en el contexto político actual. La implementación de estas nuevas regulaciones podría otorgar al gobierno federal un amplio control sobre cómo se manejan las votaciones por correo, afectando a millones de votantes en todo el país. Esta situación es especialmente relevante para las elecciones intermedias de 2026, donde la integridad y la percepción del proceso electoral están bajo el escrutinio público.

Los cambios propuestos son parte de una orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump en marzo de 2020, que instruye al USPS a crear listas de residentes “elegibles” para votar por correo, criterios que serían definidos por el gobierno federal. Sin embargo, la Constitución de EE. UU. otorga a los estados y al Congreso la autoridad para regular las elecciones, y las normas del USPS ya han sido anuladas por múltiples tribunales de primera instancia. A pesar de esto, la Casa Blanca está apelando ante el Tribunal Supremo para revertir esas decisiones, y aunque el USPS ha afirmado que no implementará las regulaciones hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie, insiste en que debe avanzar ahora para asegurarse de que los cambios estén listos para las elecciones intermedias.

El USPS argumenta que “para garantizar la ejecución fiel de la ley federal en relación con las elecciones federales, esta regla tiene una fecha de entrada en vigor inmediata”. Este apremio se basa en el temor de que un retraso comprometa la implementación de estas reglas para las elecciones generales de 2026, programadas para el 3 de noviembre. En respuesta a la propuesta, el USPS ha recibido la asombrosa cifra de 200,000 comentarios del público, aunque no se especifica cuántos apoyan o se oponen a las nuevas regulaciones.

Por parte de la agencia, la mayoría de los comentarios favorables argumentan que las reglas ayudarían a mejorar la percepción entre los votantes de que el fraude electoral es un “problema significativo”. Términos como “fortalecer la confianza” y “reducir la incertidumbre” son recurrentes en las descripciones de la normativa. Sin embargo, es importante señalar que no se presenta evidencia creíble de fraude electoral coordinado relacionado con el voto por correo. Trump y sus aliados han sido los principales promotores de la creencia de que el fraude por parte de no ciudadanos, personas fallecidas y demócratas es generalizado, argumento que ha sido desacreditado repetidamente por tribunales, auditorías post-electorales y expertos independientes.

En el aviso del USPS se menciona que, independientemente de la frecuencia del fraude electoral, el Servicio Postal tiene la autoridad legal para adoptar las medidas de esta regulación con el fin de facilitar la ejecución de la ley federal, reducir el riesgo de fraude y proteger la integridad de las elecciones federales. No obstante, los comentarios en oposición destacan que dos tribunales ya han bloqueado las reglas del USPS, considerándolas inconstitucionales. Además, algunos expresaron preocupación por la posibilidad de que el Servicio Postal se niegue a aceptar ciertas boletas para elecciones federales si los estados no cumplen con las obligaciones de entrada de datos que la regla impondría, un punto que coincide con las preocupaciones de los expertos electorales.

El aviso también desestima los comentarios “influenciados por especulaciones políticas partidistas”, señalando que incluyen “conjeturas sobre la intención subyacente” de la orden, su impacto en la participación electoral y en las elecciones. El USPS sostiene que tales observaciones son especulativas y sobrepasan el ámbito de este procedimiento, afirmando que “esta regla no facilita, ni está destinada a facilitar, ninguna forma de supresión del voto, afectar los resultados electorales o dirigir a determinados demográficos, distritos o estados”.

Recientemente, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para Massachusetts, que falló en contra de la orden del USPS en una demanda en curso presentada por estados y grupos de votantes, tomó la inusual decisión de emitir una segunda orden de restricción contra las reglas del USPS. No está claro si el Tribunal Supremo abordará ambas órdenes de manera conjunta o por separado antes del día de las elecciones en noviembre. La jueza Indira Talwani afirmó al emitir la segunda orden que “el poder ejecutivo no tiene autoridad para regular las elecciones”.

Grupos de votantes han expresado rápidamente su condena ante la publicación del viernes, argumentando que generará confusión entre los votantes sobre un proceso electoral liderado por los estados que, hasta la fecha, sigue siendo la ley vigente. Michael McNulty, director de política senior de la organización sin fines de lucro Issue One, afirmó que “para las elecciones de 2026, los votantes pueden seguir confiando en las reglas de votación establecidas por su estado, a menos que un tribunal ordene lo contrario”. Adicionalmente, enfatizó la importancia de mantenerse vigilantes ante los intentos de la administración Trump de socavar la confianza en las elecciones, en un esfuerzo por centralizar el control del proceso electoral.

La situación actual refleja una tendencia más amplia en la política estadounidense, donde la desconfianza en los procesos electorales y el aumento de las regulaciones federales sobre las elecciones han suscitado un debate acalorado sobre la integridad y la accesibilidad del voto. El futuro de estas regulaciones y su impacto en la democracia estadounidense permanecerán en el centro de atención mientras el país se prepara para las próximas elecciones.